Aumentan las detenciones a inmigrantes en situación irregular en España

Durante el mes de diciembre y la primera quincena del mes de enero la Jefatura Superior de Policía con jurisdicción en Madrid y los 15 municipios con más población (alrededor de 15 millones de habitantes) han incrementado en más de un 120 % las detenciones de inmigrantes sin papeles con respecto al mismo período del año anterior.

El Ministerio del Interior en un comunicado de prensa sostiene que esta medida pretende mejorar la seguridad en función a la delincuencia de cada zona. Aunque los sindicatos policiales hablan de practicas policiales que responden al cumplimiento de órdenes y también explican que a los comisarios se les exige una tasa de detenidos al mes según la cantidad de extranjeros que vivan en su distrito.

Estas instrucciones dan prioridad a los inmigrantes marroquíes, ya que según la ley tiene 40 días para realizar la repatriación y el traslado se hace por carretera, por lo que los costes se pueden asumir con más facilidad.

El sindicato también denuncia en la carta enviada al fiscal general del estado que a los agentes con mayor numero de inmigrantes sin papeles detenidos al mes, se les retribuye con días libres.

Esta información fue confirmada por el propio Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguro que existen “objetivos cuantitativos” en la detención de inmigrantes, como así también la orden interna distribuida en todas las comisarías de Madrid donde se establecía un cupo semanal de extranjeros en situación irregular para ser detenidos.

Ante la disposición prioritaria de detener a inmigrantes marroquíes por razones de facilidad en la repatriación, el embajador marroquí en España, Omar Azziman ha expresado su inquietud por esta medida y se ha comunicado con el director general de Política Exterior para el Mediterráneo, Fidel Sendagorta para obtener aclaraciones.

Varias ONG de derechos humanos (Movimiento contra la intolerancia, CEAR, SOS Racismo y Amnistía Internacional) solicitan a la fiscalía se investigue los cupos de detenciones en Madrid y acusa al Ministerio del Interior por la utilización de criterios raciales para la identificación de extranjeros.

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