La Nueva Ley de Inmigración se aprobó ayer en el congreso de diputados, es la cuarta reforma en ocho años y la primera impulsada por el gobierno de Zapatero; a pesar de las numerosas oposiciones y manifestaciones de rechazo por parte de las organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de inmigrantes, instituciones humanitarias o Amnistía Internacional.

La Ley fue aprobada con 185 votos y recibió el apoyo de los socialistas, la Coalición Canaria (CC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU) mientras el Partido Popular la rechazaron; el próximo paso es entrar en el Senado. Por otro lado el Congreso acepto 300 de las 732 enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
Ver: Enmiendas presentadas a la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso

La Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, manifestó la satisfacción del gobierno nacional por la reforma de la Ley y sostuvo que la Ley se moderniza garantizando los derechos fundamentales a todos los inmigrantes entre otras cuestiones.

La Ley mantiene aquellos artículos que restringe los criterios para la Reagrupación familiar alargándose a 5 años la residencia legal de aquellos inmigrantes que deseen traer a sus ascendientes y solo podrán si son mayores de 65 años, mientras que hasta ahora era posible solicitar la reagrupación con un año de residencia legal y sin limite de edad por parte de los ascendientes.
Ver: Restricciones a la reagrupación familiar por la nueva Ley de Extranjería

Se establece como necesario un “informe de integración” emitido por las Comunidades autónomas en donde se establecen los esfuerzo de integración por parte del inmigrante (como aprendizaje de la lengua española, etc.); que serán tenidos en cuenta a la hora de solicitar una reagrupación familiar, renovación de residencia temporal, de larga duración, por arraigo o nacionalidad.

En relación a los inmigrantes sin papeles que llegan a España, el máximo tiempo de internamiento pasa de 40 a 60 días y permitirá que las ONG ingresen a los Centros de Internamiento de Extranjeros y tanto ellas como las Comunidades asuman la tutela de los menores extranjeros no acompañados.

Se aplicaran sanciones aquellas personas que propicien la permanencia ilegal de inmigrantes con multas de hasta 10.000 euros, ya sea por dar trabajo o por a través de la carta de invitación que necesitan numerosos inmigrantes de países latinoamericanos que desean ingresar en España.

Otro punto que ha generado polémica son las restricciones en el empadronamiento de inmigrantes que carezcan de residencia, esta medida impedirá que los inmigrantes puedan tener acceso a la servicios educativos o sanitarios.

Consultar también: Reforma 2009 de la Ley de Extranjería en España