El diario El País informa que el Gobierno no acepta dar ningún tipo de documentación, o papeles a los inmigrantes irregulares a los que no puede expulsar hasta que salgan del país.

El Defensor del Pueblo y El Senado piden papeles para los inmigrantes

Según este diario, el Defensor del Pueblo solicitó a la Secretaría de Estado de Inmigración la concesión de un permiso de trabajo temporal a extranjeros cuya nacionalidad u origen no puede determinar y no tiene más remedio que poner en libertad sin poder ejecutar una orden de expulsión.

Las razones que alega el Gobierno es que estos papeles o documentación alentaría a las mafias que comercian con los inmigrantes, convirtiendo a estos extranjeros en «residentes». El Defensor del Pueblo ha insistido por segunda vez, para que el Gobierno se avenga a reconsiderar su postura. No obstante, el Gobierno ha reiterado su negativa.

Inmigrantes inexpulsables

Los inmigrantes inexpulsables son aquellos que han entrado de forma irregular en España y las autoridades españolas no pueden determinar su lugar de origen o nacionalidad. Esto impide su repatriación al no conocer el tipo de convenio a aplicar, de acuerdo con su país de procedencia.

Cuando son interceptados estos inmigrantes entran en los Centros de Internamiento de Extranjeros. En estos centros pueden estar 40 días. Si los funcionarios no pueden determinar el país de origen el inmigrante es puesto en libertad con una resolución administrativa de expulsión, que en la practica no se puede llevar a efecto.

Documento identificativo, pero sin validez para trabajo

La resolución administrativa del inmigrante posee carácter identificador, pero estos papeles no les permite a los inmigrantes ni trabajar ni lleva consigo ningún tipo de regularización. Según los especialistas esta situación propicia la explotación y los abusos laborales, los trabajos ilegales (el top manta), etc..

Generalmente son los inmigrantes trasladados desde Canarias, Ceuta o Melilla a la Península y procedentes de países africanos. Precisamente la petición del Defensor del pueblo de dotar de papeles a estos casos tiene su origen en 173 inmigrantes subsaharianos trasladados de Canarias a Andalucía. «un documento de control de identidad» que les facilitara «realizar alguna actividad laboral mientras no fuera posible la materialización de su expulsión».

A la solicitud del Defensor del Pueblo se unió en junio de 2006 el propio Senado, aprobando por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a estudiar la posibilidad de conceder a estos inmigrantes inexpulsables una autorización para residir y obtener un permiso laboral temporal con carácter extraordinario, hasta su expulsión.

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