A partir del pasado lunes la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior obliga a las compañías y empresas de trasporte como a las transportistas a suministrar los datos de los pasajeros que viajen a España o entren en transito provenientes de países fuera del espacio Schengen. De no cumplir esta disposición o bien falsificación de datos aplicara multas de entre 6000 y 60.000 euros.
A raíz del Atentado del 11-M, el Ministro del Interior José Antonio Alonso propuso esta medida ante la Unión Europea para que el control de fronteras sea más eficiente en la lucha contra el terrorismo. Medida que el Gobierno estadounidense comienza a usar como consecuencia del Atentado del 11-S.
España será el primero de los países de la Unión que lo pondrá en práctica, con esta medida las distintas entidades con movimiento de pasajeros, deberán enviar los datos inmediatamente después del embarque de los mismos a la Secretaria de Estado de Seguridad. Así, se podrá actuar según lo demande la situación de forma rápida y eficaz; como repatriar en el mismo avión a los pasajeros que no tengan la documentación en regla o la exigida para el ingreso a territorio español.