El Consejo de Ministros aprobó la nueva reforma de la Ley de Extranjería, ahora es en el Parlamento donde se discutirá el cuarto proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración . Se espera un duro debate antes de conseguir el consenso en torno al nuevo texto.
La reforma atañe a la Ley orgánica 4/2000, del 11 de enero de 2000, ley que ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de estos nueve años por la creciente migración llegada a España.
Las modificaciones más destacadas son las que limitan la reagrupación de los ascendentes (abuelos), solo tendrán acceso a residir en España, aquellos que sean mayores de 65 años, y siempre que su familiar tenga una residencia continuada de 5 años en España. Por otro lado contempla otorgar permisos de trabajo a los hijos reagrupados que tengan edad suficiente para trabajar (mayores de 16 años).
Se contempla una autorización provisional de residencia y trabajo a las extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de genero, para que no teman denunciar por miedo a la expulsión.
Se reconocerán a las parejas de hecho en las mismas condiciones que un matrimonio.
En cuanto a las repatriaciones, los menores de edad tendrán el derecho de un abogado antes de ser repatriados, se celebrara una audiencia y los mayores de 16 años podran intervenir. Se aumentan de 40 a 60 días el período máximo de internamiento de los extranjeros sin papeles.
Las ONG que presten ayuda humanitaria a inmigrantes ilegales no serán sancionadas, pero sí se castigará con multas que pueden ascender hasta 10.000 euros, a los que ayuden a permanecer en situación irregular a un extranjeros luego de brindarle una carta de invitación para poder viajar a España.
Las ordenes de expulsión concederán un plazo de entre 7 a 30 días para abandonar de forma voluntaria territorio español, y no pudiendo regresar a España en un plazo de 5 años.
Según el gobierno, palabras de la vice presidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega en la rueda de prensa del día viernes, sostuvo que la reforma pretende “obtener el consenso, el rigor y la eficacia para una inmigración legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones” también sostuvo que se busca “aumentar la lucha contra la inmigración irregular y favorecer la integración de los inmigrantes mediante iniciativas parlamentarias”.